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El Ministerio de Sanidad de España ha lanzado una consulta pública para revisar el Real Decreto, que regula el derecho de los ciudadanos españoles a recibir asistencia sanitaria en otros países de la Unión Europea (UE). Esta norma, en vigor desde 2014, incorporó la Directiva 2011/24/UE, facilitando que los ciudadanos europeos accedan a servicios de salud en otro Estado miembro como si fueran residentes locales.
La consulta abierta permitirá a la ciudadanía y organizaciones presentar sus opiniones y sugerencias sobre la normativa antes de su redacción formal. Entre los puntos destacados, el ministerio considera que el Anexo II del decreto, que enumera las prestaciones sanitarias sujetas a autorización previa, requiere actualización para alinearse con los avances médicos y tecnológicos de la última década.
Cambios propuestos y situación actual
Actualmente, el sistema de asistencia sanitaria transfronteriza en la UE se basa en dos marcos: los Reglamentos de coordinación de seguridad social y la Directiva 2011/24/UE. Mientras que el primero requiere el uso de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o el Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) para recibir atención en otro país de la UE, la Directiva facilita el acceso a la mayoría de los servicios sin necesidad de autorización previa.
Sin embargo, algunos procedimientos específicos, como hospitalizaciones, tratamientos especializados o pruebas avanzadas, aún requieren autorización, lo que garantiza que el paciente esté cubierto y que los sistemas de salud puedan planificar adecuadamente.
La actualización propuesta pretende mantener este requisito de autorización para ciertas categorías de atención, incluyendo hospitalizaciones prolongadas y tratamientos avanzados como resonancias magnéticas, angiografías, radioterapia y técnicas de reproducción asistida. Estas condiciones buscan equilibrar la accesibilidad a la atención sanitaria en el extranjero con la sostenibilidad y planificación del sistema sanitario español.
Un proceso abierto hasta el 20 de noviembre
Los comentarios y sugerencias pueden enviarse hasta el 20 de noviembre de 2024, momento en el que la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación (CPAF), en coordinación con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), evaluará todas las propuestas para incorporarlas en la redacción final del proyecto.
Esta consulta pública refuerza el compromiso de la administración con la transparencia y la mejora continua de los servicios de salud, garantizando el derecho de los ciudadanos españoles a recibir una atención sanitaria de calidad dentro y fuera del país.
